Veeduría a la Sentencia T-302 de 2017


La Corte Constitucional Visita La Guajira. 

La vulneración generalizada de los derechos humanos en un departamento  donde se perpetúa el estado de cosas inconstitucional y que fue evidenciado por la Corte Constitucional, en el año 2017 con la publicación de la Sentencia T-302, tiene bajo la lupa de este órgano judicial, el seguimiento sobre el cumplimiento del documento jurídico que lleva 4 años sin que se logre la presentación de un plan de acción.

Al inicio de año y con fecha de 10 de febrero,  la Corte publicaba el Auto 042 de 2021, donde se notificaba que el seguimiento de la Sentencia sería liderado nuevamente por la Corte Constitucional y que a partir de la fecha se comenzaría con una serie de recaudo probatorio que le indicara a los Magistrados el avance, o los obstáculos para el cumplimiento de esta en el territorio.

Dentro del parágrafo séptimo,  se ordenaba la realización de una sesión técnica, que de manera presencial, se llevaría a cabo el 2 de abril del año en curso, en el municipio de Uribia y posteriormente, la corporación en compañía de los asistentes, se desplazaría a las comunidades “Nueva Venezuela y 23 de abril, ambas ubicadas a 20 minutos del casco urbano, donde se realizaría diligencia de inspección judicial; no obstante, si las condiciones sanitarias derivadas del covid 19 dificultaban la entrada o la visita de manera presencial se realizaría de manera virtual y se aplazaría la visita.

Finalmente la visita se programó para el día 24 de Septiembre de 2021 y el equipo de la Veeduría realizó una visita previa para conocer el estado de las comunidades wayuu allí presentes. 

 

Sesión Técnica sobre los obstáculos del cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017. 

Análisis del modelo de atención, educación y desarrollo infantil implementado por el ICBF en La Guajira. ¿Las UCA´s funcionan bien, o es un modelo que necesita atención urgente?

 

 De acuerdo con el ICBF, el modelo operativo de educación en edad temprana en La Guajira ha tenido gran éxito sustentado en su eficiencia, la ampliación de cobertura, la oportunidad del servicio, sostenibilidad de la atención y fundamentalmente, en la reducción de los niños y niñas menores de 5 años fallecidos por enfermedades asociadas a la desnutrición.

 Durante julio y agosto el equipo técnico de la Veeduría Ciudadana realizó una verificación de campo y pudo profundizar en diferentes dimensiones del modelo de atención. En los análisis, se usaron las bases de datos que el ICBF regional de La Guajira puso a disposición de la Veeduría, los informes y oficios contenidos en el expediente de la Sentencia T-302 de 2017 bajo vigilancia de la Corte Constitucional y los diferentes oficios que fueron enviados de manera directa al equipo técnico.   Paralelamente, se implementó un instrumento para recoger información cuantitativa y se desarrollaron entrevistas semiestructuradas en diferentes grupos focales integrados por beneficiarios, agentes educativos, dinamizadores del proceso pedagógico y autoridades tradicionales.

Al comparar la cobertura absoluta que el ICBF mantenía en el 2013 (inicio de la crisis humanitaria en La Guajira) con la del 2021, en las entidades territoriales cubiertas por la Sentencia T-302 de 2017, la ampliación de cobertura resultante es de 9.801 beneficiarios. Esta acción fue complementada con la reasignación de 14.040 cupos, que se trasladaron de Maicao (1.115) y Riohacha (12.925) a los municipios de Manaure y Uribia, que en el 2013 presentaban coberturas demográficas precarias para el grupo etario de menores de 5 años.

 

Las coberturas reales se elevaron en Manaure y Uribia a expensas de bajarlas en Maicao y Riohacha; las cuales, en la actualidad, se encuentran por debajo del promedio departamental, lo que genera un alto número de niños desatendidos entre los 6 meses y 5 años, madres gestantes y lactantes por falta de cupos. Esta estrategia se respaldó incrementando, dispersando las unidades de servicio y bajando el número de beneficiarios por UCA´s, las que pasaron de 587 en el 2013 a 2.655, bajando el promedio de beneficiarios por unidad de 67 a 19 niños menores de 5 años.

 Descargar Informe Completo

 

Primer informe de la Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017.


Los niños wayuu cuentan con medidas de protección reforzadas otorgadas por la Corte Constitucional de Colombia, luego de la publicación de la Sentencia T-302 del 2017, que ordenaba: tomar medidas para frenar la muerte de los niños indígenas causada por enfermedades prevenibles. Luego de 1 año de trabajo de verificación en campo, el equipo técnico de la veeduría ciudadana publica su informe y los hallazgos y conclusiones sobre el incumplimiento de la Sentencia T-302 del 2017.

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La Veeduría Ciudadana recorre los pozos profundos de Manaure y Uribia

Desde el 2015, en el departamento de La Guajira comenzaron las inauguraciones de pozos profundos como soluciones de agua para más de 20 comunidades indígenas en zona rural dispersa. Hoy 6 años después de la entrega, cerca de 90 % de los pozos no funcionan y los pozos que aún mantienen su capacidad de suministro de agua, han logrado mantenerse en funcionamiento por los recursos propios de la comunidad. ¿Quienes fueron los responsables de estas entregas sin sostenibilidad? ¿Cómo viven esas comunidades hoy en día y cómo obtienen el agua que consumen?

Lo invitamos a que los recorra con nosotros en un recorrido virtual el estado de estos pozos.

Mira el estado de cada uno de los pozos en el siguiente listado de videos

Descargar informe de Pozos

 

 

 

Pilas públicas, proyecto piloto en Manaure.

En el año 2018 el Gobierno del presidente Iván Duque lanza el programa Guajira Azul que busca, con la construcción de pilas públicas en la región de Manaure, abastecer de agua potable a las comunidades presentes en zona rural dispersa y así lograr aumentar la cobertura de 4% a 70%. El programa dio inicio con la construcción de módulos en la zona denominada Guajira Azul, con una pila principal que lleva este nombre y 6 pilas receptoras encargadas de la distribución. Hoy Guajira Azul abastece también el casco urbano de Manaure y su capacidad no logra el cubrimiento integral de la población indígena y el suministro de agua potable. El abastecimiento de las pilas satélites, presenta problemas por la distribución de agua en carrotanques que deben transitar vías en precarias condiciones.

Mira nuestro recorrido virtual por la pilas

Es urgente el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

En el 2021, la Sentencia T -302 del 2017 cumplirá 3 años de publicación, sin que hasta la fecha se haya trazado un plan de acción para su cumplimiento. Conozca la solicitud que le hacemos a la Corte Constitucional.

Sentencia T-302 de 2017

En el año 2017, la Corte constitucional publica la Sentencia T-302 de 2017 que plantea lineamientos, objetivos e indicadores para la construcción de un plan de acción que promueva la superación del estado de cosas inconstitucionales en La Guajira y con esto se logre salvar la vida de los niños wayuu que mueren por enfermedades asociadas a la desnutrición. Sin embargo, 3 años después ese plan de acción aún no existe. ¿Quiénes son los responsables de su implementación?

Descargue documento Sentencia T-302 de 2017.

Auto 042 de 2021 Corte Constitucional.

 

Ante el incumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que ordena la superación del estado de cosas inconstitucional en La Guajira, es decir: dar solución permanente al suministro de agua potable, alimentación sostenible, acceso efectivo a salud y participación de la comunidad wayuu, para frenar la morbimortalidad de los niños de esta étnia, por enfermedades asociadas a la desnutrición y que en los 3 primeros meses del 2021, según reportes del INS, se han presentado 6 muertes de menores de 5 años, representando el 32% de los casos reportados a nivel nacional, la Corte Constitucional emitió con el Auto 042 de 2021 con el cual reasume la competencia para conocer el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.

La Corte señaló que a pesar de las prórrogas y los plazos otorgados a las entidades accionadas, el incumplimiento de la Sentencia es evidente. La falta de articulación de las entidades, el desconocimiento de la misma por parte de la comunidad wayuu en su propia lengua y las falla en el diálogo genuino, ha impedido la estructuración de la política pública o plan de acción para su implementación efectiva.

 

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Comunicado de Prensa.