EL 8 de mayo de 2017 la Corte Constitucional de Colombia profirió la Sentencia T-302 de 2017, una decisión histórica que reconoció la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) en el departamento de La Guajira.  El tribunal estableció una serie de objetivos mínimos constitucionales y órdenes estructurales que son de obligatorio cumplimiento dirigidas a transformar las condiciones institucionales que habían permitido la persistencia de esta situación de pobreza extrema que  durante décadas ha golpeado a los niños y niñas wayuu en La Guajira.

Durante más de diez años, el pueblo Sikuani ha esperado el cumplimiento efectivo de una Sentencia relacionada con la restitución de su territorio ancestral. Lo que para muchos podría interpretarse como un trámite judicial prolongado, para esta comunidad indígena representa una lucha histórica por el reconocimiento, la dignidad y la supervivencia cultural, en un territorio que por décadas ha sido el centro de la exploración , explotación y desarrollo.  No se trata únicamente de un fallo jurídico; se trata de la reivindicación de una relación milenaria con la tierra, profundamente ligada a su identidad colectiva.