La Guajira enfrenta una crisis humanitaria agudizada por la migración venezolana, que ha incrementado la demanda de servicios básicos, especialmente en municipios como Maicao y Riohacha. La población wayuu, en su mayoría binacional, sufre de manera significativa, con altos índices de desnutrición infantil, pobreza y precariedad en infraestructura.

El reciente ejercicio del presidente Gustavo Petro y su gabinete, que reveló las deficiencias en la ejecución de obras y el incumplimiento de soluciones territoriales prometidas. Se destaca que, aunque Petro ha adoptado un enfoque distinto al trasladar su gobierno a La Guajira y priorizar necesidades locales, la falta de avances concretos en proyectos clave, como la construcción de hospitales, el acceso al agua y la conectividad, sigue afectando a la región.

Desde 2018, la Corte Constitucional ha supervisado el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 en La Guajira mediante informes, verificaciones y autos adicionales, con apoyo de la sociedad civil y líderes indígenas. Se han implementado herramientas como un micrositio informativo y el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP), aunque este último aún es insuficiente para medir el impacto real de las acciones en la región. El seguimiento ciudadano es clave para contrastar la información oficial con la realidad del territorio y garantizar el cumplimiento efectivo de la Sentencia.

La grave crisis humanitaria que afecta al pueblo Wayuu, especialmente en La Guajira, donde la Corte Constitucional de Colombia ha declarado un "estado de cosas inconstitucional" debido a la vulneración generalizada de derechos fundamentales como el acceso al agua, la alimentación y la salud. En 2017, la Corte ordenó la creación de una política pública para resolver estas problemáticas, pero a pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo crítica. En 2024, la desnutrición sigue causando muertes, especialmente entre niños menores de cinco años, y las soluciones propuestas, como la construcción de infraestructuras y programas de salud y alimentación, aún no se han implementado de manera efectiva.

Haz Seguimiento al Plan de Acción Sentencia T-302 del 2017 ingresando al tablero Sinergias de la consejeria Presidencial para las Regiones donde podrá consultar el avance del plan provisional para garantizar los derechos fundamentales al agua, la salud, la alimentación y la participación de las niñas, niños y adolescentes del pueblo Wayuu.

Actualmente las entidades se encuentran en proceso de actualización de la información para que se refleje el avance de los indicadores.

Se aproximan las fiestas de fin de año, cuyo espíritu es de reflexión, esperanza y celebración. Reflexión por cuanto, con la perspectiva que sólo el tiempo brinda, repasamos aquello que ocurrió durante el año; esperanza y celebración de cara a una nueva etapa que, ojalá, será mejor.

Sin embargo, en muchos lugares de Latinoamérica, la región más desigual del planeta, hay poco espacio para la esperanza y aún menos para la celebración. El Departamento de La Guajira, en Colombia, es uno de esos sitios.

El fenómeno de El Niño intensifica la crisis en La Guajira, afectando agua y alimentos. Se requieren medidas estructurales y sostenibles del Gobierno y el Congreso.

El Auto 696/22 de la Corte Constitucional supervisa la implementación de la sentencia T-302 de 2017, que declaró un estado de cosas inconstitucional (ECI) en La Guajira debido a la vulneración de los derechos fundamentales del pueblo Wayuu, especialmente de niñas, niños y adolescentes en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia. La sentencia ordenó medidas para garantizar el acceso al agua, alimentación, salud y participación de esta población. Sin embargo, el incumplimiento estructural y la falta de coordinación entre las entidades nacionales y territoriales han obstaculizado avances. El Auto 696/22 busca reforzar la ejecución de un Plan Provisional de Acción para mitigar la crisis humanitaria en la región y hacer seguimiento a las órdenes previamente impartidas.