¿En La Guajira se materializa lo prometido por el Gobierno?
Por: Zulma Rodríguez
Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017
El ejercicio realizado hace un par de días por el presidente Petro y todo su gabinete ministerial le da a la ciudadanía un panorama real de lo que ocurre al interior del Gobierno. Más allá de los titulares sobre las disputas ministeriales y los desacuerdos en los recientes nombramientos del mandatario de Colombia, este encuentro dejó en evidencia la baja ejecución de obras y proyectos, pero, sobre todo, la falta de cumplimiento de las soluciones territoriales solicitadas por el pueblo, que son fundamentales para su desarrollo.
Las actuaciones del presidente en su forma de gobernar han sorprendido a Colombia. Desde el inicio de su mandato, cuando decidió trasladar a todo su gabinete a La Guajira durante una semana para escuchar a la gente y su clamor, quedó claro que su enfoque era diferente. Esta acción fue motivada no solo por el incumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que él mismo afirmó que estaba ad portas de una sanción por desacato, sino también por el incumplimiento de la Constitución de 1991 en una región donde las regalías han ingresado a las arcas territoriales, pero donde las inversiones no han logrado mitigar los altos índices de mortalidad infantil por enfermedades relacionadas con la desnutrición.
Cabe recordar que algunas de las promesas hechas por el presidente aún están pendientes de materialización. Entre ellas, la construcción de un aeropuerto en la zona alta extrema de La Guajira, que permitiría mejorar la conectividad y fomentar el turismo en una de las regiones más bellas, pero también más desprotegidas del departamento. Asimismo, la edificación de hospitales, no solo en Manaure, sino también en la zona norte extrema, busca garantizar una atención en salud efectiva para los habitantes de las zonas más apartadas y con mayor índice de desnutrición. Frente a este compromiso, se avanza en la construcción del hospital en Manaure; sin embargo, la construcción del hospital en Nazareth sigue avanzando a paso lento.
Foto: El correo
En cuanto a la distribución de agua y el funcionamiento de los carrotanques prometidos, que serían ejecutados por la UNGRD, este tema ya cobró la salida de la consejera para las regiones y del director de la entidad, Olmedo López. En contraste, otros proyectos, como la expansión de la conectividad, han avanzado en la península gracias al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que ha dotado a escuelas de la zona rural dispersa con sistemas de Wi-Fi, permitiendo conectar comunidades remotas.
Sin embargo, estos avances parciales están lejos de resolver el Estado de Cosas Inconstitucional que aún se vive en La Guajira. Quizás, como lo mencionó el presidente en su transmisión en vivo, “no existe el territorio en el Gobierno Nacional”. Esto se evidencia en que las inversiones en agua, vías, salud y educación no están llegando a los lugares donde realmente se necesitan. La transformación debe gestarse en los territorios y con el pueblo.
La materialización de las obras no debe limitarse a la infraestructura; también debe generar una economía sostenible que impulse el empleo en la región y fomente sistemas educativos para la formación de profesionales locales.
El presidente Petro enfatizó en su discurso la importancia de trabajar por la vida y repitió con vehemencia, durante casi seis horas de trabajo con sus ministros, que su gobierno quiere evitar la muerte de niños, señalando que en muchas ocasiones estas tragedias están directamente relacionadas con la falta de acceso al agua.
En su balance, el presidente reconoció que el Gobierno ha incumplido el 75% de las promesas realizadas, lo que impide que Colombia sea una verdadera representación de un Estado social de derecho. Se atrevió a calificarlo como un país de “pacotilla” al referirse a que se le promete al pueblo, pero no se le cumple.
Asimismo, advirtió que se debe poner fin a la agenda paralela con la que viene operando el Gobierno, en la que las órdenes emitidas desde la Presidencia o incluso desde los ministerios no se traducen en bienestar para el pueblo. “¿De qué sirve trabajar sin descanso si al final las obras no se ven en los territorios?”, cuestionó el mandatario.
Vale la pena preguntarnos si esta misma situación ocurre en La Guajira con los cambios y proyectos que han sido prometidos y consignados en las actas pactadas con los guajiros, pero que, con el paso de los días, han quedado como letra muerta en documentos formales sin materialización operativa en el territorio.
Foto: EFE - La Patria
El presidente también advirtió que el gasto o movimiento presupuestal, cuando sale de las arcas de las entidades públicas, no significa necesariamente que las obras se hayan ejecutado en beneficio del pueblo. Durante la reunión, Gustavo Bolívar, actual director del DPS, expuso que los fondos para obras habían sido trasladados a Findeter para garantizar su ejecución, a lo que el presidente respondió que, en muchas ocasiones, estos recursos permanecen en las arcas de las entidades sin ser utilizados.
Otro interrogante es: ¿Cuántos proyectos han sido reportados como cumplidos o en ejecución sobre el papel, pero que, al momento de verificarlos en el territorio, no tienen operatividad real?
Este debería ser un tema prioritario para las entidades de control y cumplimiento, que, en muchas ocasiones, se ven sobrepasadas en su labor y cuentan con un presupuesto de movilidad muy limitado. Esta es otra de las fallas en la planificación del control territorial, con un agravante adicional: la falta de sanciones disciplinarias y penales para aquellos funcionarios públicos que, teniendo el poder, los recursos y las capacidades para beneficiar a sus comunidades, no ejecutan los proyectos o, peor aún, entorpecen su desarrollo.
La gran conclusión de esta transmisión ministerial es que, frente al cumplimiento no solo del Plan de Gobierno, sino también de las promesas hechas en los territorios, el Gobierno no ha logrado una verdadera transformación territorial. Será necesario acelerar el cumplimiento de los compromisos en lo que queda de mandato para materializar las obras y proyectos consignados en el Plan de Acción de Emergencia y en la construcción del Plan Estructural que dé cumplimiento a la Sentencia T-302 de 2017.