Migración y crisis humanitaria en La Guajira
Por: Paulo Berty
Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017
La migración es un factor determinante en la muerte por desnutrición. Según cifras oficiales del DANE, para el 2024 se estimó una población total de 1.057.252 habitantes de La Guajira. La dinámica poblacional en esta región se encuentra asociada a los comportamientos demográficos relacionados con la natalidad, mortalidad y la migración hacia esta parte de la geografía del país, situaciones que inciden en estado de cosas inconstitucional del Departamento.
La migración venezolana en Colombia es un fenómeno complejo que plantea tanto desafíos como oportunidades. La respuesta del gobierno y la sociedad civil ha sido fundamental para abordar esta crisis humanitaria, y su futuro dependerá de la evolución de la situación que se presente durante el nuevo periodo de gobierno en el país vecino y la ruta que siga la economía venezolana, que ha sufrido una severa contracción, con hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, y una creciente represión política. Estas condiciones han llevado a millones de venezolanos a buscar mejores oportunidades en el extranjero, que parece reactivarse en las actuales circunstancias.
De acuerdo a Migración Colombia, a corte de octubre del 2024, La Guajira es el cuarto departamento con mayor población venezolana en Colombia, con cifras cercana a los 300.000 refugiados y migrantes distribuidos en los 15 municipios, alcanzando un 6,2% de la población venezolana en Colombia. Los municipios con mayor concentración de venezolanos son Maicao (82.834) y Riohacha (48.933), sumando el 73% del total en el territorio, adicionalmente, cerca del 27% de los refugiados y migrantes se encuentran en condiciones irregulares.
La migración de venezolanos en estos municipios se caracteriza por ser de “cabeza de playa”, es decir personas que han logrado algún nivel de estabilidad económica con la creación de redes de apoyo, que deciden mantenerse cerca de la frontera para regresar periódicamente a su lugar de origen para llevar ingresos, alimentos y velar por el desarrollo de sus familiares que se han quedado, en una región relativamente cercana. También, para traer a los mismos, esperando que la situación del otro lado de la frontera mejore.
Al revisar los registros estadísticos, la migración de venezolanos ha profundizado la crisis social de La Guajira, al presentar graves necesidades con la llegada de más personas en búsqueda de una vida digna tanto a nivel individual como familiar, compitiéndoles a los nacionales locales en el acceso a los servicios básicos como alimentos, agua, aseo y salud.
La comunidad wayuu en La Guajira en su mayoría es binacional, presentando problemáticas estructurales especialmente en niños y niñas, en calidad de retornados a los territorios étnicos. Este flujo migratorio ha sido visibilizado por parte del señor Gobernador de La Guajira Jairo Aguilar Deluquez, quien se ha pronunciado a través de distintos medios, en el sentido de que, debido a la actual situación que se vive en Venezuela, es posible que la migración desde el vecino país hacia La Guajira se incremente y esto se transforme en una crisis humanitaria.
El Gobernador expresa su preocupación puesto que, según los registros en los últimos años, el departamento ha recibido a los migrantes venezolanos que han sido atendidos con recursos propios de la Gobernación, pero los esfuerzos empiezan a ser insuficientes. Esta problemática fue expuesta ante Luis Fernando Murillo, Ministro de Relaciones Exteriores, en reciente visita a La Guajira.
Estos retos migratorios en el territorio guajiro, le plantea a las entidades territoriales definir nuevas estrategias de respuesta más rápidas, adecuadas y sostenibles a través de la gestión en política pública de seguridad, empleo, educación y salud. A la par del flujo migratorio, en La Guajira se registra un alto índice de desnutrición infantil multicausal, factor determinante para la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, situación que puede agravarse en el actual contexto político.
El palo no está para cuchara y la dinámica que siguen los indicadores de pobreza y desigualdad siguen siendo muy alto. Al evaluar la Incidencia de pobreza multidimensional, según el DANE, La Guajira presentó un aumento durante el 2020. Pasó del 48.8% en 2019 al 51.7% en 2020, con una reducción en 2021 ubicándose en el 48.7%; para 2022 se redujo al 42.9%. Frente a las diferencias entre zonas urbanas y rurales, para el 2022, la pobreza multidimensional en cabeceras municipales se encontraba en el 20.7%, frente a centros poblados y rural disperso que estaba en el 65%.
El reflejo de la crisis migratoria en el territorio peninsular, se evidencia en el campamento a cielo abierto de ciudadanos venezolanos que iniciaron un éxodo por cuenta del régimen de Nicolás Maduro en el asentamiento de La Pista, localizado en el antiguo aeropuerto de Maicao, en donde viven más de 16.000 migrantes y población retornada.
Estas comunidades tienen una alta población infantil wayuu y madres gestantes, lactantes y ancianos, con evidentes amenazas de desnutrición y baja o nula cobertura de atención en salud. Por ser un derecho protegido en la sentencia T- 302 de 2017, la Veeduría Ciudadana, concurrió a un llamado de atención de urgencia que realizaron la población de este asentamiento humano y pudo constatar la situación que allí se vive.
Allí fue posible verificar, la ausencia estatal, la incidencia del desempleo, la inseguridad y el volteo, con registros permanentes de cobros de vacunas por grupos irregulares y el hurto de vehículos de transporte privado. Es claro el clamor por el suministro de agua potable para sus habitantes, en donde se verificó el daño, el abandono y deterioro físico de precaria infraestructura existente.
Estas problemáticas serán tenidas en cuenta por parte de la Corte Constitucional en el 2025 en su trabajo de seguimiento y evaluación de la Sentencia T-302 de 2017. De manera específica, la Corte está interesada en verificar la existencia del mapa de riesgo de calidad de agua para consumo humano; constatar a través de una inspección judicial las capacidades de la población visitada para potabilizar y almacenar el agua; el estado de los diferentes medios de abastecimiento para las comunidades, la distancia entre dichos medios y las comunidades y la suficiencia de los mecanismos en cuanto al mínimo de consumo; el estado y funcionamiento de los lugares donde se presta el servicio de alimentación a menores de edad y madres.
Desde la sociedad civil manifestamos nuestra preocupación por el devenir que presente situación en el vecino país e instamos a las autoridades administrativas, civiles y militares a definir acciones concretas y políticas públicas en aras de propiciar condiciones de dignidad y proteger la vida en el territorio del departamento.