En la Amazonía colombiana, en territorios como Leticia y Puerto Nariño, sembrar un árbol puede ser un acto sencillo. Restaurar un bosque no lo es.

Cuando llegué como profesional de campo, formado en técnicas productivas y acostumbrado a indicadores de rendimiento, creía entender lo que significaba reforestar: producir plántulas en vivero, seleccionar un área degradada, transportar el material vegetal, sembrar y registrar el número de individuos establecidos. El éxito, pensaba, estaba en la cifra final del informe.

En Colombia estamos otra vez en campaña electoral. El país entra en ese momento curioso en el que todo parece explicarse con frases cortas y certezas contundentes. Los debates se llenan de diagnósticos rápidos, enemigos fáciles y soluciones que caben perfectamente en treinta segundos de televisión.

En Colombia tenemos una inclinación casi literaria a responder las tragedias con frases memorables. Cuando el problema es inmenso, la solución suele ser jurídica. Cuando la realidad es escandalosa, la elevamos a doctrina. Así ocurrió en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos en la sentencia STC4360-2018. La decisión afirmó que la Amazonía es “entidad sujeto de derechos titular de protección, conservación, mantenimiento y restauración”, y ordenó la construcción de un Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano.

La frase era poderosa. El gesto, histórico. El efecto, menos claro.