Se necesita comprender lo que sucede en el territorio, antes de celebrar.
Por: Zulma Rodríguez
Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia T-302 de 2017
Se cerró un nuevo año en La Guajira con un reporte oficial de 50 niños y niñas menores de 5 años que murieron durante el 2024 por enfermedades relacionadas con la desnutrición. Aunque esta cifra es menor a la del año anterior, cuando se registraron 58 muertes en la semana 52, el indicador sigue estando lejos de alcanzar la media nacional, que actualmente se encuentra en 4,59. En comparación, La Guajira se ubica en 32,86, es decir, 7,2 veces por encima del promedio del país.
Es crucial recordar que para cumplir con lo ordenado en la Sentencia T-302 de 2017 y superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), la cifra de muertes de niños y niñas en La Guajira debería igualar el promedio nacional de 4,59 o incluso disminuirlo. Ojalá no se registrara ningún fallecimiento.
El entusiasmo que el Gobierno ha mostrado al celebrar algunos avances es atribuible al trabajo de búsqueda activa de niños y a la atención oportuna en ciertos casos; sin embargo, estas cifras deben analizarse con precaución. En La Guajira, el porcentaje de niños reportados con desnutrición es de 2,61, mucho más alto que el promedio nacional de 0,68.
Al cierre de 2024, la Consejería para las Regiones manifestó satisfacción frente a la calificación de “cumplimiento alto” otorgada por la Corte Constitucional al Plan Provisional de Acción. No obstante, es vital entender que esta calificación se refiere exclusivamente a los ajustes realizados en dicho plan, y en ningún caso al cumplimiento integral de la Sentencia T-302 de 2017. De acuerdo con el Auto 1843, la Corte especificó que la aprobación del Plan Provisional no implica ni la superación del ECI ni una valoración directa sobre los derechos de las niñas y niños wayúu. Lo señalado por el Magistrado Reyes es contundente: “La Sala también aclara que la aprobación del Plan no implica ni la superación del ECI, ni una valoración, en términos de IGED, sobre los derechos de las niñas y niños Wayúu. Se aprueba como un documento esencial para ejercer acciones inmediatas dirigidas a garantizar los derechos de la niñez Wayúu en los términos del Auto 696 de 2022, en otras palabras, como un instrumento de planificación que contribuye tanto a la toma de decisiones como al seguimiento de las acciones encaminadas a la superación del ECI.”
Es evidente el interés del Gobierno por mostrar resultados, y se reconoce la disminución de muertes infantiles en un año. Sin embargo, es imprescindible que: (i) no se difunda información errónea que atribuya logros a afirmaciones que la Corte Constitucional no ha realizado, y (ii) se actúe con diligencia sobre los casos de desnutrición detectados. Además de la preocupación por los niños que fallecen, también resulta alarmante el impacto de los largos periodos de desnutrición en el desarrollo y futuro de los niños afectados.
La Corte ha sido clara en los Autos recientes sobre la urgencia de ejecutar los planes y proyectos contemplados en el Plan de Acción de emergencia, priorizando cinco ejes fundamentales: (i) agua potable, (ii) atención en salud, (iii) seguridad alimentaria, (iv) desarrollo de infraestructura vial y (v) mejora en la calidad y disponibilidad de información. Este trabajo debe enfocarse en resultados inmediatos pero con miras a garantizar sostenibilidad a largo plazo.
Si bien la directriz emana desde el ámbito nacional, las autoridades departamentales y municipales de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia tienen un rol clave en la ejecución, supervisión, evaluación y cumplimiento de las acciones acordadas. Además, el papel de la Consejería para las Regiones, liderada por Luz María Múnera, es crucial. Su misión debe centrarse en garantizar la operatividad del MESEPP y consolidar un Plan de Acción que cumpla las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017. Esto solo será posible con la participación activa de la comunidad wayúu en las mesas de trabajo y la articulación de las entidades involucradas en comités como agua, salud, alimentación, movilidad e información.
Dicho plan deberá contar con indicadores medibles, asignación de presupuesto, proyectos concretos y estrategias de sostenibilidad que aseguren un impacto directo en las comunidades wayúu. Paralelamente, los organismos de control y vigilancia deben garantizar la transparencia en la asignación de beneficios y contrataciones, así como el acompañamiento en la formulación y monitoreo de las acciones establecidas.
El tiempo apremia, y aunque 2025 representa un horizonte inmediato, aún está pendiente la conformación de las asambleas para elegir voceros, líderes y autoridades wayúu que representen sus intereses en las reuniones del Mesepp. Este paso es indispensable para construir proyectos y programas de forma conjunta y garantizar soluciones reales para el pueblo wayúu.
En este contexto, el nuevo año también trae retos significativos: enfrentar los efectos del cambio climático, mitigar el impacto de fenómenos meteorológicos en La Guajira, y estructurar modelos económicos sostenibles que permitan la autosuficiencia de las comunidades indígenas, especialmente en el marco del desarrollo de energías renovables en la región.
Así que, antes de celebrar, es imperativo garantizar que en La Guajira no se registren más muertes de niños menores de 5 años por enfermedades relacionadas con la desnutrición y que las cifras de desnutrición disminuyan drásticamente.
Abandonar el ECI es una tarea colectiva que requiere el compromiso de las entidades públicas, las empresas privadas, los órganos de control, la sociedad civil y, por supuesto, el pueblo wayúu, siempre enfocados en mejorar la calidad de vida de sus niños y niñas y la pervivencia de su pueblo.
