Ecos del Estado Económico, social y ambiental en La Guajira.
Escrito por: Zulma Rodríguez
zulma.rodriguez@fucaicolombia.org
Verificación de cumplimiento sentencia T-302 del 2017.
El Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) declarado para La Guajira en la Sentencia T-302 de 2017, frente a la vulneración generalizada de derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu, causadas por fallas estructurales de todos los sistemas presentes en la región, llevó a la Corte Constitucional a expedir este documento jurídico de obligatorio cumplimiento, no solo en cabeza del hoy presidente Petro , sino en cabeza de los dos anteriores mandatarios Santos y Duque, del anterior gabinete y de todos los gobernadores, y alcaldes que han pasado por la región en los últimos 6 años. Para superarlo, las entidades municipales, territoriales y nacionales debían y deben tomar las medidas ordinarias y hasta las extraordinarias para garantizar lo fundamental: que ningún niño wayuu muera por enfermedades relacionadas a la desnutrición y esto se logra, garantizando los derechos de los menores, sus familias, sus comunidades y su territorio.
El pasado 11 de Agosto, los asistentes y espectadores de la sesión técnica llevada a cabo en el palacio de Justicia de Bogotá y retransmitida por las redes de la Corte Constitucional veíamos no solo al presidente Gustavo Pedro y a su cartera de Ministros en pleno, referir sus argumentos sobre la defensa de la declaratoria del estado de emergencia presentado por el Gobierno en el Decreto 1085 del 2 de Julio del 2023. Acompañando al estado se encontraban diferentes autoridades y expertos en materia ambiental, social, económica, política, judicial y constitucional.
Dentro de las primeras intervenciones, la más larga y la que ocupó más tiempo frente a la sustentación de cara a los magistrados, fue la del presidente Petro quien evidenciaba la inminencia y gravedad de un fenómeno del niño que iniciará este año y que traerá unas consecuencias para la región como el aumento de la temperatura y por ende desabastecimiento de agua exacerbando las precarias condiciones para toda la población de la península; un estrés hídrico y un desabastecimiento, que llevaría a la región a un escenario aún más crítico que el que se vive el día de hoy.
Al igual que el presidente, el gobierno territorial y los dirigentes de entidades territoriales presentaban a La Guajira como una región que necesita una intervención extrema, que ayude a solucionar de manera urgente el tema de desabastecimiento de agua, atención efectiva en salud, atención en la alimentación, vías, medio ambiente y superación de las condiciones de miseria y pobreza extrema en la que vive los habitantes de La Guajira y que se evidencian a diario con el incremento de la inseguridad y la violencia en las zonas urbanas, en las zonas rurales y en las vías que se han convertido en un botín para la delincuencia.
A las voces se sumaban no solo los pobladores, sino las organizaciones de la sociedad civil en cabeza de la Veeduría ciudadana para la implementación de la Sentencia, quienes afirmaban que si las medidas ordinarias no habían servido para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional, se requerían medidas extraordinarias y todas las que fueran necesarias para poder impactar en los indicadores de mortalidad por desnutrición en un departamento que ya llevan 14 Sentencias sin cumplir y que a la semana 23 según reportes presidenciales ya se contabilizan 39 niños muertos por enfermedades relacionadas a la desnutrición. Tal vez por eso, la motivación del Presidente y el llamado de atención a sus Ministros la semana pasada frente a la baja ejecución presupuestal, ad portas de quedar solo 4 meses de la actual vigencia, crea la necesidad de mostrar resultados y de lograr las inversiones que se necesitan para que se impacten los indicadores regionales.
Lo que si quedó en evidencia durante la sesión técnica, es que La Guajira se muestra como una región en saldo rojo, con una alta incidencia de ingobernabilidad que de no avanzar en los planes de inversión, las concertaciones, los diálogos, los convenios, las contrataciones, los proyectos de manera rápida y articulada, terminaremos este año con una deuda histórica frente a los niños, que aún siguen muriendo en la región, y comenzaremos el siguiente año enfrentando el fenómeno del mal llamado “niño” sin los medios, recursos y la preparación necesaria para que todos los habitantes de La Guajira tengan como enfrentarlo.
Lo que escuchábamos en las intervenciones de expertos en Cambio climático y variabilidad climática es la evidente necesidad de realizar acciones urgentes y rápidas que permitan fortalecer la demanda de agua, el cuidado de las cuencas hidrográficas y apoyar los procesos educativos frente a este tipo de fenómenos que se presentan en el territorio. De lo contrario, y como evidenciaban algunas intervenciones de la academia, los pueblos que habitan la península de La Guajira, seguirán siendo vulnerables y aumentará la crisis y por consecuencia el desplazamiento de las familias y las muertes debido al desabastecimiento general que se presentará durante los próximos años.
Aunque este fenómeno parece afectar de manera directa a todo el continente, el especial cuidado que se debe tener en La Guajira si hace necesario, como lo exponían los diferentes Ministerios, que se logre la aprobación del estado de emergencia para La Guajira, lo que permitiría acciones inmediatas y con recursos presupuestales que logren generar capacidades territoriales, sobre todo en el tema de agua, que es tal vez el punto fundamental en este ecosistema donde están asentadas las comunidades wayuu.
El trabajo que se debe realizar para que se logre un avance efectivo no debe estar concentrado a nivel nacional, sino que debe ser una sumatoria de todos los actores presentes en el territorio para que las mesas de trabajo, las diferentes reuniones y concertaciones deriven en un esfuerzo articulado que se evidencie en los indicadores de agua potable, salud, alimentación, capacidad de información, atención efectiva en salud y prevención de enfermedades, capacidades económicas territoriales, avances en las líneas de interconexión vial, seguridad territorial y avance en la transición energética como pilar de la economía, como lo plantea el presidente Petro.
Durante 10 horas La Guajira y todos los fenómenos que allí confluyen, fueron objeto de análisis para lograr evidenciar la importancia de la declaratoria de un estado de emergencia en la península, pero más allá, se evidencio la necesidad de que se tomen las medidas que sean necesarias y de manera urgente para evitar que la cifra de niños muertos siga en aumento y que los programas que se logren implementar en el territorio cumplan con las necesidades de la población que lo requieren, que permitan también la satisfacción de las personas, pero sobre todo que logren el avance y el progreso de una región que lo necesita.
