El seguimiento y cumplimiento de la Sentencia T 302 de 2017 en el departamento de La Guajira; destaca la importancia de la imparcialidad y transparencia en la asignación de beneficios y contratos, según lo establecido en la sentencia. Se informa sobre las acciones de fiscalización realizadas por la Contraloría General y departamental, así como la programación de auditorías para evaluar el cumplimiento de la sentencia en diferentes entidades, incluyendo Corpoguajira. Se menciona la falta de conocimiento sobre el rol de la sentencia en muchas entidades, evidenciada por los resultados de las fiscalizaciones.

El artículo destaca la situación crítica en La Guajira, donde persisten problemas como el Estado de Cosas Inconstitucionales y altos índices de desnutrición, con 7 muertes de niños registradas este año debido a enfermedades relacionadas con la desnutrición. Aunque se reconocen esfuerzos del nuevo gobierno por abordar estos problemas, como la divulgación de la Sentencia T-302 de 2017 en comunidades indígenas, el progreso ha sido gradual. Se menciona el escándalo de la compra de carrotanques para suministro de agua y la creación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas (MESEPP) tras 6 años de notificación de la Sentencia.

La necesidad de implementar el plan de acción establecido por la Sentencia T-302 de 2017, pero resalta que para ello se requiere la participación activa de veedurías comunitarias. Se critica la ejecución de recursos por parte del Estado en proyectos que, aunque se promocionan como beneficiosos para las comunidades, terminan perjudicándolas. Se destaca la importancia de la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública, tal como lo establece la Constitución Política de Colombia y la Ley 134 de 1994, que permiten la creación de veedurías ciudadanas para supervisar la gestión pública y la prestación de servicios. Además, se menciona que las organizaciones de la sociedad civil, como la Veeduría Ciudadana a la Implementación de la Sentencia T-302 de 2017, han asumido la responsabilidad de denunciar la crisis humanitaria y han emprendido acciones para buscar soluciones a corto y mediano plazo, especialmente en lo que respecta al acceso al agua, alimentos, salud y educación para el pueblo wayuu en La Guajira. Finalmente, se hace un llamado a la sociedad civil para que participe en el proceso de verificación de la implementación de la sentencia, fortaleciendo así un seguimiento integral sobre las órdenes impartidas para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños y niñas wayuu en los municipios mencionados.

El inicio del año 2024 con la llegada de nuevos líderes territoriales en un departamento marcado por un Estado de cosas inconstitucional. Destaca la relevancia de la participación ciudadana tanto en el ejercicio del voto como en la construcción del plan de desarrollo, enfatizando su papel en la supervisión de la inversión presupuestaria para el avance colectivo. Se mencionan los desafíos enfrentados por La Guajira, incluyendo protestas por necesidades básicas y la baja participación en la planificación. A pesar de los retos, se destacan avances como los planes de vida y la formación de veedurías étnicas. Se plantea un desafío adicional en la vigilancia y control de la ejecución de proyectos una vez aprobados los planes de desarrollo

La importancia de la articulación entre las autoridades locales y las comunidades indígenas en la formulación e implementación de los Planes de Desarrollo para el periodo 2024-2027 en Colombia, especialmente en el Departamento de La Guajira, donde reside el pueblo indígena wayuu, el más numeroso del país. Se destaca la necesidad de incorporar los planes de vida y desarrollo comunitario de las comunidades indígenas en los planes territoriales, en consonancia con la normativa nacional e internacional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas.

En los años 90, la descentralización territorial y la lucha indígena llevaron a la creación de condiciones para la participación comunitaria en Colombia. La Ley 89 de 1980 permitió a los cabildos indígenas desarrollar su gobierno propio, y en 1993 se emitió el Decreto 1088, facilitando la formación de Asociaciones de Cabildos. Sin embargo, la falta de bases organizativas y el modelo de desarrollo asociativo entre los wayuu han afectado la reclamación de derechos, especialmente después de la Sentencia T-302 de 2017. A pesar de la creación de numerosas asociaciones, la falta de organización colectiva y su fragilidad se manifiestan en la débil capacidad de desarrollo.

La Sentencia T-302 de 2017 reveló un estado de cosas inconstitucional en el goce de derechos fundamentales del pueblo wayuu en La Guajira. Tras 6 años de expedición y 5 de implementación, la Contraloría General de la República encontró fallos en la coordinación y ejecución de las acciones. La falta de recursos, desarticulación entre entidades y la omisión en el cumplimiento de órdenes judiciales afectan a los niños wayuu, evidenciando la persistencia de condiciones extremas de vulnerabilidad.

En el foro "Los 'peajes' de los wayuu: entre la mendicidad y el control territorial" en la Universidad de La Guajira, se abordó la realidad preocupante de niños wayuu utilizados como barreras para solicitar contribuciones económicas a conductores en zonas cercanas a sus lugares de residencia. La práctica impacta sectores económicos, como el turismo y la transición energética, revelando vacíos estatales y falta de oportunidades. Se propone una intervención integral que incluya subsidios, servicios educativos, programas de inclusión y reglamentos interculturales para abordar las causas estructurales y respetar los derechos de la comunidad wayuu.

La Fundación Caminos de Identidad (Fucai), como parte de la implementación del plan de acción de la Sentencia T-302 de 2017, realizó una investigación sobre los "peajes" wayuu en La Guajira. Se revela una realidad preocupante: niños wayuu utilizados como barreras para solicitar contribuciones económicas a conductores, evidenciando vulnerabilidad extrema. La problemática se vincula con la pobreza, falta de oportunidades y condiciones climáticas adversas en la región. La explotación infantil y la interrupción del desarrollo adecuado de los niños tienen consecuencias a largo plazo. El artículo aboga por medidas integrales que aborden las raíces estructurales, como acceso a educación, salud y oportunidades económicas, mediante la colaboración entre entidades gubernamentales, ONGs y la comunidad wayuu.

Aborda los desafíos que enfrentan los nuevos alcaldes y el gobernador de La Guajira en el año 2024. Se destaca la necesidad de alinearse con los planes del Gobierno Nacional para superar el Estado de Cosas Inconstitucional en el departamento. Se examinan los esfuerzos del Gobierno Petro, incluyendo la nulidad de un plan y decretos, y se resalta la importancia de un trabajo articulado para cumplir con las órdenes de la sentencia, priorizando necesidades como acceso al agua, atención alimentaria, salud, movilidad y transparencia.

La Veeduría Ciudadana para la implementación de la Sentencia T302 de 2017, aborda la problemática de la pobreza multidimensional en La Guajira. Se cuestiona la eficacia de las transferencias de recursos como medida gubernamental, especialmente tras la invalidación de decretos que afectaron a madres en situación de desnutrición. La Corte Constitucional destaca la no retroactividad de las medidas, considerando la precariedad económica. Empresarios y economistas proponen estrategias sostenibles para impulsar la economía y garantizar la equidad regional. Un foro reciente destaca la necesidad de cumplir con sentencias de la Corte Constitucional y busca soluciones para una verdadera equidad territorial, enfocándose en la economía popular. La unidad de actores, incluyendo gobierno, empresa privada, ONGs y sociedad civil, se destaca como clave para fortalecer la economía y garantizar derechos fundamentales.

En respuesta al incidente de desacato declarado por la Corte Constitucional el 8 de noviembre de 2023, en el auto 2764, este artículo examina la relevancia del cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017, particularmente en la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación (MESEPP) para superar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI). Destacando la importancia de recordar la orden específica de la Corte, se subraya la necesidad inmediata de la formación del MESEPP, compuesto por una amalgama de instituciones, funcionarios y personas, con el objetivo de garantizar los derechos de los niños wayuu, superar el ECI y cumplir con objetivos constitucionales. El artículo enfatiza la urgencia de coordinar esfuerzos entre niveles de gobierno y la sociedad wayuu, evidenciando la falta de cumplimiento hasta la fecha, y concluye instando a la pronta creación del MESEPP para prevenir la desnutrición y muertes infantiles.

La importancia de la construcción del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación a las Políticas Públicas (MESEPP) en respuesta a la Sentencia T-302 de 2017, declarada por la Corte Constitucional. El texto destaca la necesidad de recordar la orden específica de la Corte a diversas instituciones gubernamentales para abordar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI), especialmente en relación con la supervivencia de los niños y niñas wayuu. Se examina quiénes deben integrar el MESEPP y cuáles son sus objetivos principales, con un énfasis en garantizar los derechos fundamentales de la niñez wayuu y superar el ECI.

El Tawala Wayuu Fest es un evento excepcional que crea un bosque de colores con la habilidad y pasión de las talentosas mujeres wayuu. Organizado por la Fundación Caminos de Identidad – FUCAI, este festival destaca el arte del tejido Wayuu y busca promover proyectos sociales y culturales. Además de ser una plataforma para que las tejedoras generen ingresos a través de sus habilidades, el evento contribuye a la construcción de espacios educativos polifacéticos que fortalecen el tejido social y cultural de las comunidades.

La situación crítica del departamento de La Guajira, se ha convertido en un modelo de estudio debido a una serie de factores sociales, económicos y políticos que lo hacen único. Entre estos factores se encuentran la migración, la inseguridad alimentaria, la violencia, la ingobernabilidad, la violación de derechos y las condiciones climáticas, todo lo cual ha llevado a un estado constante de crisis humanitaria y a la incapacidad del Estado para garantizar los derechos fundamentales de su población. A pesar de múltiples sentencias y esfuerzos, la desnutrición sigue siendo un problema crítico en la región, con la muerte de miles de niños debido a enfermedades relacionadas con la desnutrición. La reciente declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1085 de 2023 plantea desafíos y oportunidades para abordar la crisis en La Guajira, enfatizando la necesidad de una acción efectiva y decidida por parte del Congreso de la República y del Gobierno.

En la Alta Guajira, un territorio marcado por la sequía y la riqueza en minerales, hidrocarburos y energías renovables, niños y niñas wayuu detienen vehículos para pedir comida a cambio de permitirles el paso, creando "peajes de niños wayuu". Estos peajes son una consecuencia del hambre y la desnutrición en la comunidad wayuu debido a la falta de oportunidades e inclusión social. La actividad implica obstaculizar las carreteras con cuerdas y solicitar contribuciones en dinero o especie a los conductores. Este problema se ha extendido a otras protestas y bloqueos en la región, a menudo involucrando a niños y personas vulnerables para demandar atención y derechos humanos.

La Procuraduría General de la Nación ha publicado una lista oficial de 676 candidatos inhabilitados para las elecciones territoriales de octubre en Colombia. Estas inhabilidades se deben a diversas sanciones, incluyendo procesos disciplinarios, fiscales y penales, así como la privación de la libertad. Entre los candidatos inhabilitados se encuentran figuras destacadas, como Oneida Pinto, exalcaldesa y exgobernadora, y varios candidatos a gobernaciones, concejos, asambleas y alcaldías en diferentes departamentos. A nivel nacional, diversas organizaciones políticas tienen candidatos inhabilitados, destacándose Fuerza Ciudadana, el Partido Conservador y el Partido de la U. Este artículo resalta los desafíos y oportunidades que enfrenta La Guajira en estas elecciones, incluyendo la importancia de elegir representantes competentes y la necesidad de fortalecer las instituciones para impulsar el desarrollo económico y combatir la corrupción.

El artículo aborda la situación en La Guajira, Colombia, bajo un Estado de Cosas Inconstitucionales (ECI) desde 2017 debido a la vulneración de derechos fundamentales de los niños wayuu. Se discute la reciente defensa del gobierno para declarar el estado de emergencia en respuesta a la inminente amenaza del fenómeno del niño y la escasez de agua. Se destaca la necesidad de una intervención urgente en áreas como atención médica, alimentación, vías y medio ambiente, junto con la lucha contra la pobreza extrema y la inseguridad. La sociedad civil insta a medidas extraordinarias para reducir la mortalidad infantil por desnutrición. Se enfatiza la importancia de una acción rápida y coordinada, así como la aprobación del estado de emergencia para abordar el cambio climático y proteger las cuencas hidrográficas. La Guajira se encuentra en una situación crítica con alta ingobernabilidad, y es crucial evitar una deuda histórica con los niños y prepararse para el fenómeno del niño. El trabajo conjunto de actores locales y nacionales es esencial para mejorar el acceso al agua, la salud, la alimentación, la seguridad y el desarrollo económico en la región. La prioridad es evitar un aumento en la mortalidad infantil y satisfacer las necesidades de la población.

Este artículo presenta una visión general de las próximas elecciones en La Guajira, Colombia. En consonancia con el calendario electoral, se han enviado las listas de candidatos a los organismos de control, lo que marca una fase crucial en el proceso electoral de la región. La elección de gobernador y alcaldes es especialmente importante para la comunidad de La Guajira, que ha experimentado numerosos cambios en el liderazgo gubernamental en la última década.

En cuanto a la gobernación de La Guajira, se han inscrito cuatro candidatos, en su mayoría representantes de los partidos tradicionales que han gobernado la región. La elección promete ser un reflejo de las dinámicas políticas locales y nacionales.

Además, se han registrado 34 candidatos para las alcaldías de los cuatro municipios afectados por decisiones de la Corte Constitucional. Esto plantea desafíos y oportunidades en la búsqueda de un liderazgo sólido y la implementación de medidas efectivas en un momento crucial para la región.

El artículo destaca la importancia de que los candidatos tengan en cuenta la sentencia T-302 de 2017 y trabajen en proyectos que aborden las necesidades urgentes de la población, como la escasez de agua y la desnutrición. También se enfoca en la necesidad de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para lograr una ejecución efectiva de la sentencia y utilizar los recursos asignados para abordar la situación de emergencia económica, social y ecológica declarada en La Guajira.

El artículo se enfoca en la crisis humanitaria en La Guajira, Colombia, causada por los "peajes" humanos controlados por niños, niñas y ancianos wayuu. Estos peajes involucran el cobro de dinero o bienes a cambio de permitir el paso de vehículos. La crisis incluye desnutrición infantil y condiciones precarias en la comunidad wayuu. El artículo sugiere que esta crisis debe ser vista como alcabalas, similares a impuestos locales y puntos de control, para entender mejor sus complejidades, incluyendo aspectos fiscales y regulación del acceso a territorios ancestrales. En resumen, el artículo aborda una crisis humanitaria en La Guajira causada por deficiencias estatales y del mercado.