LOS RETOS DE LOS NUEVOS MANDATARIOS DE LA GUAJIRA
Escrito por: Zulma Rodríguez
zulma.rodriguez@fucaicolombia.org
Verificación de cumplimiento sentencia T-302 del 2017.
Un nuevo año con más de 360 días para ejecutar planes de gobierno y construcción de planes territoriales ha comenzado para los nuevos alcaldes y el Gobernador de La Guajira, que deben estar alineados y tener una articulación estrecha con los planes y proyectos que se han presentado por el Gobierno Nacional durante el año anterior, con miras de superar el Estado de Cosas Inconstitucional que se vive en el departamento.
Se da inicio a un año que presenta los mismos retos y desafíos que fueron evidenciados en la Sentencia T 302 de 2017 y que hasta ahora no se han logrado materializar a pesar de los esfuerzos del gobierno de Petro por tratar de cumplir con lo que ordena la Constitución para el bienestar de todos los Colombianos y en especial con la Guajira, que ha sido su principal reto desde el inicio de su Gobierno, por el interés que se genera en el departamento frente a la transición energética del país.
Los esfuerzos presidenciales, desde que asumió su mandato, se han materializado en la presentación de 2 propuestas del plan provisional de acción que busca cumplir la orden dada en el Auto 696 del 21 de Julio del 2022, y que se debía ejecutar en el año siguiente a su presentación, con el fin de tener planes, acciones y proyectos de emergencia para frenar las muertes de los niños wayuu mientras se construía de manera paralela el Plan de acción ordenado por la Sentencia T302 de 2017.
Sin embargo, el primer revés que sufrió el Gobierno Petro fue la nulidad de este plan por parte de la Corte Constitucional el 4 de julio del 2023, ya que no era un plan construido con indicadores y resultados que permitieran evidenciar el impacto que se pretendía generar en la salud y pervivencia de los niños y niñas wayuu. Adicional, no se evidenciaba la articulación de todas las entidades del Gobierno en los planes y propuestas condensadas en el documento.
Nuevamente el gobierno debían presentar la modificación a este plan, que fue enviado el pasado 28 de agosto para aprobación de la Corte y su posterior puesta en marcha con indicadores y proyectos que apuntan a disminuir los índices de mortalidad y desnutrición en el departamento.
Pero un nuevo traspié sufrió una de las propuestas más ambiciosas de Petro al tratar de declarar el estado de emergencia social, ambiental y ecológico en La Guajira con el Decreto Legislativo 1085 de 2023 y los posteriores 14 Decretos que intentaban inyectar un capital importante en la región y así dinamizar la economía, la educación , la salud y la educación.
Pero La corte nuevamente declaró la inexequibilidad de este Decreto, con efectos diferidos y de los otros 11 Decretos que lo acompañaban. Aún con vida quedaron los Decretos 1269 de 2023 ( Sentencia 492 de 2023) que amplía la presentación del servicio de Alimentación Escolar, incluso durante el receso académico, como mecanismo movilizador inmediato que contribuye en el bienestar, la permanencia y la seguridad alimentaria de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, matriculados en el sistema educativo oficial”. Permitiendo: “(i) fortalecer los esquemas de financiación; (ii) ampliar su cobertura y garantizar la continuidad con criterios técnicos de focalización, entre otros, para que se adelante la ejecución directa por parte de las entidades territoriales certificadas, quienes tienen la obligación de incorporar la diversidad de costumbres alimentarias, las condiciones de mercado de cada región y su contexto, y la infraestructura de las instituciones educativas, entre otros.
También quedó con vida parcial el Decreto de Ley 1273 de 2023 y que puede ser aplicado durante un año y algunas de sus medidas en materia de agricultura y desarrollo rural, que busca adoptar algunas medidas para la reactivación económica y el fortalecimiento productivo y comercialización de los cultivadores de la región, idea que va muy acorde con lo planteado por el mandatario en el Plan Nacional de desarrollo “ Colombia potencia mundial de la vida”
Lo mismo ocurrió con el Decreto de ley 1269 de 2023, referente a la adopción de algunas medidas para el uso y la destinación de los recursos del sistema general
de participación SGP que ingresa a las arcas del departamento. El reto en este nuevo año está en que los Alcaldes y el Gobernador logren un trabajo articulado, no solo con la población de cada uno de sus municipios, sino con las entidades del Gobierno de orden nacional para que los recursos territoriales y departamentales se alineen con los objetivos que se ha fijado Petro para el departamento.
En pocas palabras, el reto está en logar cumplir las 210 órdenes que tienen la Sentencia y las 8 órdenes que recopilan las necesidades más apremiantes del territorio:
1) Aumentar la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua: Tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de las niñas y los niños, esto deberá garantizar la reparación, rehabilitación , construcción y mantenimiento de fuentes de agua existentes en el territorio.
2) Mejorar la efectividad de los programas de atención alimentaria y aumentar la cobertura de los de seguridad alimentaria que incluyan por ejemplo, programas de generación de empleo y proyectos productivos adaptados a las distintas partes del territorio de La Guajira que fomenten la economía familiar wayúu. Estos deben contemplar, primordialmente, los medios necesarios para que las familias wayúu puedan sostenerse.
3) Aumentar y mejorar las medidas en materia de atención a la salud garantizando brigadas de salud preventivas y un nuevo modelo de atención de salud que se adecúe a las realidades de La Guajira.
4) Mejorar la movilidad (la libertad de locomoción) de las comunidades wayúu que residen en zonas rurales dispersas y apartadas.
5) Mejorar la información disponible para la toma de decisiones, que garantice una unificación en cabeza del DANE y que permita disponibilidad a las entidades que lo requieran y al público en general.
6) Garantizar la imparcialidad y la trasparencia en la asignación de beneficios y en la selección de contratistas.
7) Garantizar la sostenibilidad de todas las intervenciones estatales en los diferentes niveles.
8) Garantizar un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo Wayúu
El camino a un nuevo año está marcado, lo único que se necesita es un agente integrador que sea capaz de darle vida al mecanismo especial de seguimiento y evaluación de las políticas públicas MESEPP y que logre articular, convocar y materializar en los planes territoriales y el plan de acción con proyectos de corto , mediano y largo plazo, para darle un empujón a La Guajira, pero en especial, garantizar la vida de los niños y niñas wayuu.