LA POBREZA MULTIDIMENSIONAL Y CÓMO SUPERARLA EN LA GUAJIRA
Escrito por: Zulma Rodríguez
zulma.rodriguez@fucaicolombia.org
Verificación de cumplimiento sentencia T-302 del 2017.
Una de las preguntas que nos hacemos todos los que vivimos en este amado país llamado Colombia y en especial aquellos que transitamos las rutas de las regiones con mayor desigualdad, inequidad y pobreza es: ¿Cuál es la mejor manera para superar los niveles de pobreza que no han permitido consolidar el progreso regional y con ello el progreso de país?
Este mismo cuestionamiento lo tienen los líderes, empresarios e instituciones del gobierno Nacional y departamental frente a los métodos y lineamientos que se tienen para afrontar esta pregunta y lograr impactar los índices de pobreza.
Hay diferentes rutas para abordar este cuestionamiento y tal vez la que se ha visto con mayor énfasis en el gobierno Petro es la transferencia de recursos a familias, jóvenes, adultos mayores o madres que viven en constante línea de pobreza.
Muchos cuestionan la efectividad de este método al no ser una renta que permita alcanzar el valor de un salario mínimo y con esto lograr solventar los gastos familiares en regiones donde el hambre es la constante y el desempleo alcanza tazas por encima del 14% como sucede en el departamento de La Guajira.
Incluso, uno de los decretos expedidos por el Gobierno , en su paquete de normas que acompañaban el estado de emergencia social, ambiental y económica, estaba ligado a la realización de transferencias a las madres con niños en estado de desnutrición. Sin embrago y ante la invalidación del decreto madre el 1085 y con ellos el resto de medidas adoptadas por el Gobierno, La Corte Constitucional le da un duro golpe a la economía de las madres que veían en este subsidio su única fuente de ingresos, al derogar e invalidar el decreto legislativo 1272 del 2023 con efectos diferidos que pretendía el recaudo de mil pesos en las facturas de la energía y cuyo recaudo iba a las familias con niños en riesgo o en desnutrición evidente.
La Corte hace la salvedad de que ésta medida no es retroactiva y por consiguiente, las familias y madres que recibieron el dinero no tienen que devolverlo, entendiendo la precariedad económica en la que viven.
A pesar de las largas filas que hacen los beneficiarios de las transferencias frente a las entidades bancarias y corresponsales de recaudo, la pobreza está lejos de superarse entendiendo que aunque la intensión es buena, no es suficiente si no se logra la superación del Estado de Cosas Inconstitucionales en una región como La Guajira.
La idea de los empresarios y economistas e incluso de las Organizaciones no gubernamentales es poder impulsar la economía de una manera sostenible y que garantice la equidad regional y la garantía de los derechos.
Hace un par de días, se dio la apertura de un foro de desarrollo social: Estrategias para la inclusión y reconciliación, cuyo lineamiento inicial era: “La economía popular, un mecanismo para combatir desigualdades estructurales y fomentar la reconciliación ciudadana”
Varios miembros presentes, tanto de gobierno, como de la empresa privada, Ong´s y sociedad civil se tomaron el tiempo de analizar que camino era el correcto para dar un impulso definitivo a la economía popular y así lograr combatir las desigualdades territoriales.
El actual presidente de Colpensiones Jaime Dussán durante su intervención afirmaba que el crecimiento económico es responsabilidad del estado y de la sociedad civil y que es necesario buscar una redistribución del ingreso para que las pequeñas y medianas empresas puedan incluirse en la formalidad.
Por otro lado la directora de la ONG FUCAI, Ruth Chaparro, en su intervención tocaba dos puntos que son fundamentales para lograr una verdadera equidad
territorial, el primero de ellos enfocado al cumplimiento de la Justicia: “Debería priorizarse cumplir las Sentencias de la Corte Constitucional, porque allí hay una manera de incluir el progreso de las comunidades con enfoque de derechos. El no cumplimiento de las sentencias genera una ineficiencia en la inversión estatal que no logra impactar los indicadores regionales, ni nacionales”
Por otro lado y frente a la producción y economía local se refería: “Yo veo tantas oportunidades en temas de reforestación, en ganadería baja en producción de carbono, en turismo comunitario, en procesamiento de productos, veo a la gente sufriendo para vender productos (…) porque hay barreras institucionales que debe intervenir el estado, sin importar el que esté de turno y poder superar requerimientos como el Nit, el Rut, facturación electrónica, cuenta bancaria, revisoría fiscal, cámara de comercio, con una cantidad de requisitos y pagos que el productor no logra formalizarse. Hay que revisar el relacionamiento del estado y los productores que llamamos informales, los pueblos pueden ser capaces de convertirse en proveedores locales del estado y así dinamizar la economía”
Dentro de las intervenciones se destacaba el rol de la empresa privada como un generador de puentes que logren conectar la economía popular con las cadenas de valor, incorporándolos a los mercados y apoyando las cadenas de valor incluidas.
Una solución que atacaría dos frentes importantes: dinamización de la economía comunitaria con el fortalecimiento de cultivos comunitarios y familiares, que no solo aportaría valor nutricional a las familias y niños, sino que además lograrían ser fuentes generadoras de ingresos y la recuperación de semillas nativas lo que aportaría a la recuperación también de áreas degradadas en regiones donde los ciclos normales de lluvia y sequía se han modificado.
Pero el principal aporte en este tipo de diálogos en torno al progreso del país, se ve reflejado en la importancia de la unidad de los diferentes actores presentes en el territorio que tienen como misión crear una red para el fortalecimiento, no solo de la economía, sino del cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los que nos llamamos Colombianos y habitamos el territorio.
