LAS ENTIDADES DE GOBIERNO LUCEN INDOLENTES, DESCONOCEN LA ORDEN DE LA CORTE CONSTITUCINAL Y ACTÚAN SIN COORDINACIÓN
En la Sentencia T-302 del 2017 expedida por la Corte Constitucional de Colombia declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación al goce efectivo de los derechos fundamentales al agua, alimentación, nutrición, la salud, y a la participación del pueblo wayuu en las cuatro entidades territoriales del norte de la península Guajira.
En la actualidad ella cuenta con 6 años de expedición y 5 de implementación con obras y acciones que 42 entidades de gobierno vienen implementando pero que aún no rinden los frutos deseados por el bajo nivel de coordinación que ellas tienen en las diferentes ejecuciones poco eficientes y efectivas para superar el estado de cosas inconstitucional.
En febrero de 2023 la Contraloría General de la República se comprometió en La Guajira a realizar una auditoria especial a dichas acciones, cuyo informe final se conoció recientemente. El Vice Contralor General de la República, con funciones de contralor, Carlos Mario Zuluaga, fue el encargado de presentar los detalles del informe y reveló que la entidad a su cargo estableció 21 hallazgos fiscales por $12.088 millones en el marco del seguimiento a las órdenes contenidas en la Sentencia T-302 del 2017.
Se conoció que la mayoría de las entidades desconocen los detalles de la Sentencia y sus roles en ella, por dichas razones no tienen disponibles recursos específicos para acatar y cumplir con las órdenes de la Corto, ya que las acciones se atienden con los recursos ordinarios de las entidades cuando deberían contar con recursos extraordinarios o adicionales para realizar las obras e intervenciones de competencia.
En su informe, resaltó la falta de articulación y coordinación entre las Entidades tanto del orden nacional, como del orden territorial y las comunidades Indígenas como corresponsables, situación que se vio reflejada en los procesos de atención a los niños wayuu y cuyos resultados no son compartidos, especialmente, en las intervenciones en contra de la desnutrición infantil. Esta información que debe ser también conocida al interior del sistema de protección a la familia en donde se encuentran el ICBF y las entidades de salud, con el ánimo de realizar esfuerzos mancomunados, ya que la cuenta de niños fallecidos reportados por el Ministerio de Salud (2029 – 2022) sigue creciendo y lo peor es que el 35% de los niños muertos por causas asociadas a la desnutrición estaban cubiertos por los programas del ICBF.
Lo anterior es una evidencia de que la mayoría de las instituciones del Estado, garantes de hacer seguimiento, control y hacer cumplir las órdenes dadas por la Corte Constitucional han omitido sus funciones y sus autos. Las entidades sentenciadas hacen lo que quieren sin planeación, incrementándose el riesgo de corrupción y malversación de recursos.
En lo referente a las entidades del gobierno nacional como el ICBF, el DPS, las agencias y los ministerios sentenciados, no han destinado los recursos suficientes, no han publicado todos los servicios con terceros en el sistema electrónico de contratación pública SECOP II. Tampoco lo han hecho con los giros y pagos realizados por ellas, ya que no siempre corresponden a los objetivos para dar cumplimiento a la ordenes emitiditas por la Corte Constitucional en la Sentencia T 302 de 2017.
Debido a ello, en las profundidades de las rancherías continua la vida comunitaria inmersa en condiciones extremas de vulnerabilidad y olvido, con carencias de agua y alimentación, cero atenciones en salud, nula oferta institucional, carencia de vías e infraestructuras básicas de sanidad, entre otras, que conllevan a una altísima cifre de necesidades básica insatisfechas.
En el informe se establece que desde la ejecución de la política de primera infancia y atención a comunidades wayuu, se manejan miles de millones de pesos anuales que se giran para atención especial de los niños en el territorio y esa plata se pierde, esos recursos no cumplen su función social, ese dinero nunca llega, no se refleja en la mejora de la calidad de vida en las comunidades. La administración departamental y los alcaldes mantienen en abandono total a las comunidades y solo llegan en épocas de campañas políticas.
Ahora bien, muy a pesar de las órdenes, los autos, hallazgos y tímidos esfuerzos de las entidades accionadas, de la sociedad civil y de los entes de control con el ánimo de coadyuvar en el proceso, ¿cómo se le puede explicar precisamente a esos niños wayuu dicha situación? ¿cómo explicarles que la comida anunciada por el gobierno no llegó a tiempo? que la oferta institucional del Icbf es insuficiente; que en su rancho no hay agua potable como si lo hay en las casas de los alíjunas; que los médicos no llegan a las rancherías ya que no hay vías ni plata para el transporte hasta la enramada.
¿Cómo se les explica a los niños que no hay centros de salud, ni medicina para ser atendidos? y sobre todo ¿cómo consolar y llevarles una voz de aliento a esas familias que han perdido a sus pequeños hijos por negligencia de un Estado y mandatarios indolentes con los niños wayuu de La Guajira?