Retos y oportunidades de las comunidades wayuu en las próximas elecciones territoriales
Escrito por: Fernando Acosta
fernando.acosta@fucaicolombia.org
Verificación de cumplimiento sentencia T-302 del 2017.
La Procuraduría General de la Nación, luego de hacer recibido los nombres de los candidatos que aspiran a llegar a un cargo público en las elecciones territoriales de octubre, elaboró un listado oficial de aspirantes inhabilitados para los comicios del próximo 29 de octubre.
El listado oficial, contiene los nombres de diferentes candidatos de varios departamentos del país que, por algún tipo de sanción en su contra, no serían aptos para ser elegibles en octubre. Las inhabilidades se dan por procesos disciplinarios, fiscales, penales, incluyendo la privación de libertad. La procuradora Margarita Cabello habló, en su momento y dijo: “Ya la Registraduría nos mandó la información del nombre completo de todos los candidatos inscritos, y a nosotros nos corresponde revisar cuáles de ese 1,3 millón de candidatos se encuentran con inhabilidades. ¿Qué hicimos? Tomamos todos esos datos, los cruzamos y nos salieron 676 candidatos que tienen inscripciones o sanciones en nuestro listado de sancionados”.
En total, serán 676 ciudadanos que no podrán participar en el ejercicio democrático de conformación del poder político territorial, es decir, no podrán participar en los comicios regionales de octubre. Entre los personajes más polémicos, se encuentra Oneida Pinto, exalcaldesa de Albania, exgobernadora de La Guajira y que fue procesada por irregularidades. La nombrada candidata avalada por la Alianza Democrática Amplia - ADA, aspiraba llegar nuevamente a la Alcaldía Albania, su pueblo natal.
Dentro del filtro que aplicó el Ministerio Público también se encuentran inhabilitados tres candidatos a la gobernación de los departamentos de Vaupés, Vichada y Chocó. Así mismo, lo están 560 candidatos a Concejo; 19 a asambleas; 14 a alcaldías y 80 a Juntas Administradoras Locales (JAL).
Los inhabilitados en la carrera para la gobernación de los departamentos anteriormente nombrados son: Javier Miguel Vargas, quien aspira en Vaupés con el aval de Fuerza Ciudadana; Henry Silva Meche, quien busca ser gobernador del Vichada por el Partido Demócrata Colombiano; y Luis Emilio Romaña, avalado por Todos Somos Colombia para el Chocó.
Para el caso del departamento de la Guajira, hay un total 9 de candidatos que aparecen en este listado. En el municipio de Riohacha, aparecen tres candidatos: Yofredis José Parra Ortiz, candidato al concejo, avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia – AICO; José Luis García Arregocés candidato a Junta de Administradora Local, estaba avalado por la Alianza Democrática Amplia – ADA y John Willian Cortes Ramírez avalado por el partido de la U, también candidato a Junta Administradora Local.
En Maicao aparece Daniel Ramón Bracamonte Herrera candidato al concejo, avalado por Fuerza Ciudadana; en Uribia esta Wilmer Camacho Freyle candidato al concejo, avalado el movimiento político AICO y en Urumita esta Faber Alfonso Núñez Oñate candidato al concejo, avalado por el partido Conservador.
Y finalmente la lista de inhabilitados en la Guajira la conforman dos candidatos del Municipio de Villanueva, entre ellos están, Freddy José Núñez Palomino candidato al concejo, avalado por el partido Fuerza de la Paz y Edwin José Ramírez Arias candidato al concejo, avalado por el Polo Democrático Alternativo.
Por ahora en este listado no aparecen candidatos que han sido de controversia política y aquellos que están siendo investigados o extraditados, como es el caso de Samuel Santander Lopesierra, avalado un grupo significativos de ciudadanos denominado Movimiento Alternativo Independiente, candidato a la alcaldía de Maicao. Igualmente, se encuentra la controvertida Cielo Beatriz Redondo Mindiola avalada por una coalición política y programática, quien aspira nuevamente a la Alcaldía de Uribia. Solo se espera que de ser elegidos, no sean destituidos y como ya es costumbre en la Guajira convocar procesos electorales atípicos que desgastan a los ciudadanos y al erario público.
A nivel nacional, en el listado se pueden identificar la cantidad de candidatos inhabilitados por organizaciones políticas, entre ellas se destacan Fuerza Ciudadana con 52 candidatos, el Partido Conservador 50, Partido de la U 33, Cambio Radical 32, Alianza Verde 26, Dignidad y Compromiso 26, Nuevo Liberalismo 23, Partido Liberal 15, Pacto Histórico 17, Colombia Humana 15, Lara Bogotá 6, Salvación Nacional 5 y el Centro Democrático con 1.
Frente a la elección territorial las comunidades wayuu tienen un reto muy grande, en el sentido de buscar y lograr unificarse a través del voto programático, proceso que no es fácil debido a las bajas capacidades existentes las organizaciones comunitarias. Las carencias, la falta de agua y el hambre, inciden en que las comunidades indígenas vean esta época electoral como una bonanza de ayudas de los diferentes candidatos, convertidas en dadivas a cambio de sus votos.
Otros de los retos importantes, es que en general el pueblo guajiro elija buenos representantes en sus entes territoriales, y estos logren manejar bien los recursos que ha destinado el gobierno nacional a través de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en el departamento de la Guajira, declaratoria que puede ser de gran ayuda si se implementan y se llevan a buen término los objetivos de loa 12 decretos presidenciales.
En fin, estas elecciones generan retos y también oportunidades. Una de ellas está centrada en que el proceso electoral de octubre permite reconfigurar el poder político regional y a través de él seleccionar los mejores hombres y mujeres que con el ejercicio de asumir la carga pública puedan crear una mejor institucionalidad, capaz de generar confianza y gobernanza liderando el cambio social planificado que La Guajira necesita.
Tal como lo señala Daron Acemoglu, en los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, “Por qué fracasan los países”, en la actualidad el desarrollo económico se cimenta mas sobre las capacidades institucionales y menos en los recursos económicos. Esto ha quedado demostrado en el caso de La Guajira, en donde se evidencia que por falta de instituciones sólidas, se han dilapidados cuantiosos recursos en corrupción y obras que finalmente no se disponen al servicio de la sociedad. Esta es una gran oportunidad para no seguir haciendo más de los mismo o eligiendo a los mismos.