EL ROL DE LA SOCIEDAD CÍVIL Y LOS PLANES DE DESARROLLO
Escrito por: Zulma Rodríguez
zulma.rodriguez@fucaicolombia.org
Verificación de cumplimiento sentencia T-302 del 2017.
El año 2024 avanza con determinación, casi consumiendo por completo las primeras semanas y marcando el inicio del primer mes de gestión de los nuevos líderes territoriales, quienes tienen frente a ellos 1,434 días más, para crear, ejecutar y gobernar un departamento que sigue sumido en un Estado de cosas inconstitucional de manera permanente.
Tan importante como la movilización de la sociedad civil en el ejercicio del derecho al voto y poder elegir de manera libre y consciente a los representantes que hoy nos gobiernan y que tienen en sus manos el destino del territorio, municipio, departamento e incluso del país, es la participación que tiene la sociedad civil dentro de la construcción y los lineamientos del plan de desarrollo, la que tiene el poder de dirigir y vigilar la inversión presupuestal que garantizará el avance colectivo de la región.
Así como los empleados públicos son escrutados y evaluados por sus acciones y por sus omisiones en el cumplimiento de los deberes, de igual manera la sociedad civil tiene un papel fundamental en el avance de su entorno pues lo que dejamos de realizar , frente a la participación ciudadana y lo que permitimos que se haga con el control ciudadano, es la base fundamental para el correcto desarrollo del destino de la sociedad.
Frente a las acciones de hecho que ha tomado la ciudadanía en el departamento de La Guajira, el inicio del nuevo año no se ha escapado a los frentes de protesta y paro que se han instalado en diferentes puntos de los municipios de la península reclamando el cumplimiento de los derechos frente a: suministro de agua, alimentos, atención de salud, atención en educación, pago de trabajadores y otros incumplimientos que han obligado a la población a movilizarse para obtener alguna respuesta a sus peticiones.
Por otro lado, las alcaldías y la gobernación están preparando lo que serán las reuniones de construcción colectiva de los planes de desarrollo, Sin embargo, estas instancias suelen tener una baja participación ciudadana al considerar que:
1. La ciudadanía no reconoce como un derecho su participación en este tipo de espacios.
2. Los ciudadanos no cuentan con la información necesaria para que su participación sea tomada en consideración
3. Los ciudadanos cree que este es un trabajo que sólo le corresponde al estado
4. Los ciudadanos sienten temor o inseguridad por la falta de conocimiento en la ejecución de programas y proyectos
5. Los ciudadanos esperan a que todo lo resuelva otras personas.
Independientemente de estas percepciones, , es esencial contar con herramientas que hagan efectiva la participación ciudadana para sea efectiva incorporando sus necesidades en los planes de desarrollo y así asegurar el avance de la comunidad y la sociedad frente la ejecución de acciones públicas. Lo primero que se debe analizar es en que frentes se requiere mayor inversión y de esto nos da una guía clara, en el caso de La Guajira, los lineamientos expresados en la Sentencia T302 de 2017.
Si la sociedad toma como primer punto de inversión, por ejemplo, el tema de la distribución de agua potable, muy seguramente las necesidades en esta materia son numerosas y cada comunidad o asentamiento geográfico tendrá una necesidad específica: Reparación de molinos, puesta en funcionamiento de pilas públicas, construcción de jagüey, mantenimiento de pozos artesanales, arreglo de micro acueductos etc y tomando esas necesidades como punto de partida se podrá tener un requerimiento específico de inversión. El mismo ejercicio se podría realizar con los temas de abastecimiento y alimentación, fuentes de ingreso, educación y PAE, vías de comunicación , seguridad, atención en salud, jornadas de registro , atención a la población migrante etc. Son muchos los frentes de trabajo en la región en un momento donde el estado necesita ejecución efectiva que impacte los indicadores regionales, y poder movilizar los recursos hacía el territorio.
Es decir, si los alcaldes y gobernadores requieren una mayor inversión en el territorio, podrían hacer la solicitud a la nación presentando los proyectos que tengan una relación directa con el cumplimiento de La Sentencia y la pervivencia de los niños de La Guajira.
La misma preocupación de los ciudadanos se podría decir la tienen los alcaldes , y sus secretarios de planeación, pues en ellos recae finalmente la construcción de planes de desarrollo que vayan acorde a las necesidades territoriales, pero que además, garanticen el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia como un plusadicional.
Sabemos que hay otras necesidades que preocupan a la ciudadanía, como lo son: tema de la seguridad, empleabilidad, la salubridad, el acceso a la educación formal ,el empleo formal , la capacitación en diferentes áreas. Todo esto podrá ser en los planes de desarrollo siempre y cuando la ciudadanía tenga una participación activa en su construcción.
Un desafío adicional será la vigilancia y control de las acciones y ejecuciones una vez aprobado el plan de desarrollo municipal y departamental. A través del control ciudadano, se logrará la vigilancia, alerta y acción para garantizar el cumplimiento de las obras en el territorio y el departamento.
Un gran avance se ha presentado en estos dos frentes en algunas comunidades de La Guajira quienes ya cuentan con planes de vida en donde logran enumerar las principales necesidades de sus comunidades y que van a ser presentados para ser incluidos en los planes territoriales y frente al control ciudadano se están conformando Veedurías étnicas para el control de las obras en el territorio. Sin embargo este ejercicio no ha tenido la relevancia que se necesita para un territorio tan extenso y con unos retos importantes en materia de inversión para logar cumplir con los indicadores planteados en el documento jurídico y que este año cumple ya 7 años de existencia, con muy pocos avances en su implementación.
El reto territorial está planteado, y se dará un gran punto de partica con la construcción de los planes de desarrollo que permitirá impulsar finalmente el cumplimiento de los derechos, el desarrollo económico, político social y ambiental para un departamento que podría convertirse en un ejemplo de inversión, planificación y ejecución.