¿QUÉ ESTÁ HACIENDO BIEN EL GOBIERNO?
Escrito por: Zulma Rodríguez
zulma.rodriguez@fucaicolombia.org
Verificación de cumplimiento sentencia T-302 del 2017.
La influencia de la inmediatez en las noticias ha puesto a La Guajira en el centro del huracán mediático. Esto se debe no solo al persistente Estado de Cosas Inconstitucionales, sino también al alto índice de desnutrición, que sigue superando la media nacional. Hasta la semana 10 de este año, se han registrado oficialmente 7 muertes de niños debido a enfermedades relacionadas con la desnutrición.
Parecería que las acciones tomadas en el territorio no están teniendo el impacto urgente necesario para cumplir con lo ordenado en la Sentencia T 302 de 2017. Sin embargo, es importante reconocer que el nuevo gobierno está demostrando su intención de hacer las cosas de la mejor manera posible, algo que ha sido reconocido por la Corte Constitucional en los últimos meses.
A pesar del escándalo relacionado con la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua en La Guajira, que se hizo evidente debido a problemas en la entrega y la falta de operatividad posterior, el gobierno de Petro ha centrado sus esfuerzos en resolver el Estado de Cosas Inconstitucionales y evitar un proceso de desacato. Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia, aunque el avance en este aspecto ha sido gradual y no con la celeridad que necesita la emergencia.
Una de las primeras órdenes de la Sentencia era traducir el documento al Wayunaiki y divulgarlo en las comunidades indígenas. En la administración anterior, encabezada por Daniel Palacios como Ministro del Interior y Ana María Palau como consejera para las regiones, se tradujo el documento pero se distribuyó en CD, lo cual no era adecuado dada la baja cobertura eléctrica y de medios de reproducción en la región, ni la complejidad del documento para la mayoría de las personas.
Esta primera orden se postergó hasta la entrada del gobierno de Petro. La Corte consideró necesario insistir en su cumplimiento, lo que llevó al Ministerio del Interior a socializar la Sentencia en reuniones territoriales de manera presencial y con traducción simultánea a finales del año pasado.
En el Auto 440 del 4 de marzo de 2024, la Corte valoró el trabajo realizado en los 4 municipios con la divulgación de la Sentencia y la participación de autoridades, líderes y comunidades indígenas. También mencionó las reuniones pendientes que el Ministerio del Interior debía realizar en el primer trimestre del año en instituciones educativas e internados para ampliar la divulgación de la Sentencia y los Autos que la acompañan.
En su análisis, la Corte concluyó: “DECLARAR el cumplimiento general de la orden novena de la Sentencia T-302 de 2017. En consecuencia, la Sala Especial de Seguimiento CESA las labores de seguimiento que adelanta al respecto y frente a los autos 1196 de 2021 y 2063 de 2023”.
En cuanto a la orden dada al ICBF de realizar un acto simbólico de reconocimiento del pueblo Wayuu como sujeto de derechos, la Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo, junto con la Procuraduría General de la Nación, llevar a cabo un curso de formación en derechos humanos. Este curso, dirigido a todo el personal del ICBF involucrado en la implementación de la Sentencia T-302 de 2017, debía abordar el respeto al principio de diversidad étnica y cultural de la Nación, así como el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derechos (Auto 1193 de 2021).
Nuevamente en el gobierno anterior, bajo la dirección de Lina Arbeláez, el ICBF intentó realizar un acto simbólico que parecía más una rendición de cuentas de la institución, que un acto de reparación y reconocimiento como lo ordenaba el órgano judicial. Este intento fallido no fue reconocido por la Corte Constitucional, por lo que la institución tuvo que organizar nuevamente el acto simbólico, esta vez teniendo en cuenta a las comunidades indígenas, su entorno, sus tiempos y su territorio.
Finalmente, bajo la dirección de Astrid Cáceres, el ICBF llevó a cabo el acto en el internado de Siapana, en la zona norte extrema, con una convocatoria y participación variada que permitió cumplir con lo ordenado en el Auto 1193, como destacó la Corte en el oficio: “DECLARAR el cumplimiento general de la orden segunda y tercera del Auto 305 de 2023. En consecuencia, la Sala de Seguimiento CESA el seguimiento de las órdenes proferidas en el Auto 1193 de 2021”.
Parecería entonces que a pesar de que los procesos han tomado un tiempo más largo por fin se está moviendo la rueda frente a lo ordenado en el cuerpo de la Sentencia como acciones que se pueden realizar a corto plazo y que no se encuentran atadas a cualquier impedimento de procedimientos que permita su pronta acción.
En el último mes el avance ha estado relacionado con 2 órdenes que parece tendrán buen término, la primera de ella la presentación del plan provisional de acción de emergencia ( que no sale producto del estado de emergencia declarado por Petro), sino de una acción ordenada por la Corte Constitucional frente al retraso del plan de acción que se debe construir para el cumplimiento de la Sentencia. Este plan que ha tenido 2 revisiones por parte de la Corte, antes de su aprobación tiene una nueva revisión en 1 mes pues se deben ajustar unos puntos por parte del Gobierno.
Pero tal vez el hecho más importante es la creación del Mecanismo de seguimiento y evaluación de las políticas públicas MESEPP, que vio por fin la luz luego de 6 años de notificación de la Sentencia y que hasta el 2024 vio la luz.
Ahora esperamos que frente a este año y medio efectivos de gobierno del presidente Petro se meta el acelerador en La Guajira, para que los indicadores logren ser impactados de manera positiva y se logre dejar atrás el Estado de Cosas Inconstitucionales. Por lo pronto la mirada está puesta en este departamento y se espera que las inversiones, los proyectos y las acciones desencadenen en frenar la muerte de los niños y niñas wayuu y el bienestar de sus familias.