La historia de Liseth

Por: Zulma Rodríguez y Cesar Arismendi

zulma.rodriguez@fucaicolombia.org - cesar.arismendi@fucaicolombia.org

Liseth y su bebé murieron por falta de controles prenatales la historia de Liseth

Dar a luz es un proceso natural fisiológico que culmina con el nacimiento del bebé. Las organizaciones de la salud consideran que un parto es normal cuando se inicia de forma espontánea, se desarrolla sin complicaciones y no requiere más intervención que el apoyo de la madre, dado que el cuerpo de la mujer está diseñado para realizar el trabajo de parto, casi sin ayuda, si las condiciones de salud, tanto de la madre, como del niño son óptimas.

Pero, ¿Qué pasa cuando la madre es una niña de 15 años, que sobrevivo a morir de desnutrición y que nuca contó en la ranchería con controles prenatales e incluso charlas sexuales que le permitieran que su cuerpo y su mente llegaran a una etapa madura, que le permitiera concebir un hijo, sin que ella o el niño estuvieran en riesgo?

Esta es la historia de Liseth, una pequeña manaurera de tan solo 15 años que hace un mes murió de dolor y abandono en medio de una lluvia de contratos, que no dieron para que la pequeña niña y su recién nacido tuvieran la posibilidad de contar esta historia. Sin control prenatal y con un cuerpo que todavía afloraba rastros de la niñez, Liseth sintió como la vida se le escapaba mientras recorría el caluroso desierto, una mañana de marzo del 2025, para llegar con un hilo de vida, desde la ranchería de la familia de su compañero, hasta los brazos de su tía, que la esperaba para aferrarse a la vida.

Pero la carrera de la muerte estaba esos días más ágil que la de la vida, como suele ocurrir en La Guajira, y cuando terminaba de parir, no solo le quebró el alma a Liseth, sino que la vida del niño se quedó pegada a la de su madre y no pudo llorar para tomar las gotas de aire al salir.

Sin entender todo el proceso que acababa de experimentar, Liseth sintió como a ella también la abrazaba la muerte que, sin piedad, que le sembró un dolor intenso en el corazón, que le hicieron pronunciar sus últimas palabras y dejar su cuerpo enterrado junto con el de su hijo.

Para ellos no existieron los contratos, los diálogos genuinos, la representatividad, el plan piloto, ni el sistema normativo wayuu y mucho menos el sistema jurídico institucional, que dan origen a las decenas de programas que se ofertan en La Guajira. Para Liseth y su hijo solo hubo dolor y lágrimas, los mismos que han tenido los 5.278 niños y niñas que han muerto en la Guajira desde el 2008 hasta hoy, por enfermedades asociadas a la desnutrición.

¿Si existe una Sentencia para proteger la vida de los niños, por que no sirvió para amparar y salvar la de Liseth en el territorio semidesértico de La Guajira? La Sentencia T-302 de 2017, a pesar de contener órdenes claras, no ha sido cumplida. En 2024, la mortalidad infantil en La Guajira es 8,54 veces mayor que el promedio nacional, mientras que en 2017 era de 7,55, según datos de SIVIGILA. Aún no contamos con una política pública o un plan articulado, y el Mecanismo Especial de Seguimiento (MESEPP) no ha madurado y las pocas sesiones desarrolladas no siempre cumplen el reglamento interno y se mantiene sin la participación de los wayuu.

El objetivo 4, relacionado con la movilidad, presenta un rendimiento bajo. El objetivo 5, que busca mejorar la información para la toma de decisiones, sigue siendo insuficiente, a pesar de los esfuerzos realizados. El objetivo 6, orientado a la transparencia, también muestra un bajo desempeño basta con ver los noticieros sobre procesos de corrupción en la Guajira. El objetivo 7, enfocado en la sostenibilidad, es igualmente deficiente. El objetivo 8, que persigue el diálogo genuino, no ha alcanzado los resultados esperados.

La participación y el diálogo genuino enfrentan la contradicción entre dos sistemas normativos: El sistema institucional, centrado en una democracia representativa con tiempos lineales, interlocutores cambiantes y desarticulados, procedimientos escritos y una relación de superioridad que impone procesos ajenos. El sistema normativo Wayuu, basado en una democracia participativa, descentralizada, con tiempos cíclicos y espacios territoriales entrados en el Apushi (la ranchería) y el alaula, con interlocutores diversos que exigen participación directa.

La oferta institucional se realiza a través de planes, programas y proyectos desarticulados, bajo un modelo que ha convertido los derechos y servicios estatales en un mercado de contratación. Esto ha provocado la proliferación de liderazgos, autoridades, organizaciones y personerías jurídicas, que buscan acceder a los recursos del Estado sin criterios de calidad, pertinencia, supervisión ni control efectivo.

En 2023, según el Ministerio, se registraron 260 asociaciones indígenas en La Guajira, mientras que en el Cauca hay 14 y en el Amazonas 9. En la Guajira hay inscritas cerca de 4.000 personas jurídicas para procesos de contratación. Es el sistema de contratación la causa primordial de los bloqueos en las vías, por lo tanto, son las consecuencias de este modelo de relacionamiento. Adicionalmente, la existencia de una corrupción estructural y perversa que persiste sin medidas de prevención, control ni acceso a la justicia.

Para salvar vidas, es necesario que la ejecución de la Sentencia adopte un enfoque territorial que tenga como unidad básica la comunidad o ranchería (que agrupa uno o más apushi) y su vecindario, avanzando hacia unidades territoriales consensuadas para establecer alianzas “Atunkaawa” que pueden ampliarse territorialmente como resultado de los acuerdos. Es fundamental emitir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial y definir las entidades territoriales indígenas, gobernadas directamente por los wayuu. El Resguardo de la Alta y Media Guajira está traslapado con varios municipios y la debilidad de los gobiernos municipales tanto en la interlocución como en la implementación de la sentencia ha sido muy débil.

En conveniente reactivar la economía y fomentar la resiliencia al cambio climático a través de iniciativas estructurales en agua (para el consumo humano y para la producción agropecuaria, lo que se vienen haciendo: pilas públicas, jagueyes, pozos y carrotanques siguen siendo paliativos frente a la dimensión de la problemática), agricultura, ganadería ovino-caprina, pesca, tejeduría y artesanías, así como turismo comunitario. Para ello, es fundamental la articulación con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda y el Departamento de Prosperidad Social (DPS), cuya participación en la implementación de la ST302 de 2017 sigue siendo incipiente.

Repensar el modelo de relacionamiento, pasando de un enfoque centrado en cobertura, cupos y asignación de contratos a un modelo basado en la garantía de derechos, con calidad, pertinencia y sostenibilidad. Es necesario superar la lógica de la bonanza de la contratación. Cumplir y hacer cumplir el objetivo de transparencia, asegurando mecanismos efectivos de rendición de cuentas y control social.