Desafíos y Cuellos de Botella en la Participación y Representación de las Comunidades Wayuu
Por: Fernando Acosta
La participación y representación de las comunidades wayuu enfrentan limitaciones
La Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional (ECI) en La Guajira debido a la violación masiva y sistemática de los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu, particularmente en lo relacionado con el acceso al agua potable, la alimentación, la salud y la participación. A pesar de las disposiciones emitidas para corregir esta situación, la participación y representación efectiva de las comunidades wayuu enfrentan serias limitaciones que obstaculizan el cumplimiento de la sentencia y la garantía de sus derechos. Es fundamental destacar que el objetivo principal debe ser garantizar el derecho a la vida de los niños y niñas wayuu, asegurar su bienestar integral y prevenir más muertes por causas evitables como la desnutrición y la falta de acceso a servicios básicos.
La organización social de las comunidades wayuu está estructurada alrededor del sistema de e´irruku (clan materno), lo que influye directamente en la forma en que se ejerce el liderazgo y la representación. Este modelo organizativo difiere del enfoque del Estado, que exige estructuras más homogéneas y jerarquizadas para establecer interlocutores formales.
En la práctica, existen múltiples niveles de representación: algunas autoridades tradicionales cuentan con aval estatal, mientras que otras son cuestionadas por sectores internos o no son reconocidas por las instituciones gubernamentales. Esta fragmentación genera tensiones que dificultan la articulación de propuestas colectivas y la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar de las comunidades. Es crucial comprender que estas tensiones no deben desviar la atención del objetivo fundamental: implementar acciones urgentes y efectivas para salvar las vidas de los niños y niñas wayuu y garantizar su acceso a los derechos más básicos.
Las mesas de trabajo entre el Estado y las comunidades, a menudo, no producen resultados concretos. Las entidades gubernamentales tienden a fragmentar la atención en lugar de abordar de manera integral las necesidades urgentes, como el acceso al agua, la salud y la seguridad alimentaria. La falta de un sistema de información unificado impide el seguimiento transparente de las acciones implementadas. Esta desarticulación afecta directamente la posibilidad de respuestas oportunas que garanticen la vida y la dignidad de los niños y niñas.
La representatividad se ha convertido en un campo de disputa vinculado al acceso y gestión de recursos. Este fenómeno ha propiciado prácticas de contratación cerrada, donde las decisiones y los recursos se concentran en determinados clanes o familias, desvirtuando el sentido colectivo de las soluciones propuestas y generando desigualdades internas. Estas disputas por los recursos no deben eclipsar la urgencia de atender la crisis humanitaria que enfrentan los niños y niñas wayuu, quienes siguen muriendo por desnutrición y falta de atención médica adecuada.
En diversos casos, la participación de las comunidades wayuu en los espacios de concertación institucional está condicionada por incentivos materiales, como el cubrimiento de costos de transporte. Esta dependencia debilita el compromiso autónomo y reduce la posibilidad de una representación auténtica e independiente. Las autoridades tradicionales wayuu no siempre son reconocidas en igualdad de condiciones frente a las estructuras formales del Estado. Este desconocimiento genera un vacío de representación legítima en los espacios de diálogo, limitando la construcción de soluciones efectivas que respondan a las realidades locales y, en última instancia, poniendo en riesgo la vida de la población más vulnerable.
Para superar los cuellos de botella identificados y garantizar una participación efectiva de las comunidades, es fundamental implementar estrategias que respeten sus formas de organización tradicional y promuevan la transparencia en la gestión pública, siempre con el enfoque prioritario de salvaguardar los derechos fundamentales de los niños y niñas wayuu. Algunas propuestas específicas giran en torno a vincular la representación y las decisiones a los territorios específicos, garantizando que cada comunidad tenga voz y voto en función de sus necesidades y dinámicas locales.
Este modelo fortalecería la autonomía y facilitaría una interlocución más cercana entre el Estado y las comunidades. Es imprescindible que el Estado reconozca de manera formal a las autoridades tradicionales y respete las estructuras propias de gobernanza del pueblo wayuu. Este reconocimiento debe incluir mecanismos claros para su participación en la toma de decisiones y el seguimiento de las políticas públicas, con un énfasis en acciones concretas que protejan la niñez. Implementar sistemas de seguimiento y rendición de cuentas que garanticen una distribución equitativa y transparente de los recursos destinados al cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017.
Estos sistemas deben incluir la participación activa de las comunidades en el monitoreo de los procesos y asegurar que los recursos se utilicen prioritariamente para resolver las necesidades vitales de los niños y niñas. Establecer plataformas de diálogo donde converjan autoridades tradicionales, representantes comunitarios y entidades gubernamentales para definir de manera conjunta las prioridades de intervención. Estos espacios deben garantizar la inclusión de voces diversas y el respeto a las formas de organización propias, siempre priorizando medidas urgentes para la protección de la infancia. Continuar con programas formativos en participación comunitaria, Gobierno Comunitario y Control Ciudadano, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para empoderar a las comunidades en el ejercicio de la veeduría y el control social. Este tipo de formación facilita la participación informada y organizada, promoviendo el control ciudadano sobre las acciones orientadas a salvar vidas infantiles.
La superación de los cuellos de botella en la participación y representación de las comunidades wayuu requiere un enfoque intercultural que respete sus formas tradicionales de organización y garantice su incidencia real en las decisiones que afectan su bienestar. Es fundamental transitar hacia un modelo de participación territorial basado en la transparencia, el reconocimiento de las autoridades tradicionales y la colaboración efectiva entre el Estado y las comunidades. Solo de esta manera será posible avanzar en el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-302 de 2017 y, sobre todo, garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales del pueblo wayuu, con especial atención en la protección de la vida de los niños y niñas, que no puede seguir postergándose por disputas burocráticas o tensiones internas.